Seguridad: la contratación pública debe ser exigente

La nueva Ley de Contratos del Sector Público entró en vigor el pasado mes de marzo. Se trata de una ley necesaria para armonizar la legislación europea en materia de contratación, una norma que se adecúa a los tiempos y que exige una mayor responsabilidad a las empresas que trabajan con la Administración Pública.

La seguridad privada se ve directamente afectada por esta Ley, por ser una industria que dedica un importante porcentaje de su trabajo a la protección de “lo público”, de manera compartida y en colaboración con la seguridad pública. Una cooperación reconocida en la Ley de Seguridad Privada, que alude expresamente en su exposición de motivos a la relevancia, madurez y profesionalidad del sector.

Se trata, además, de uno de los ámbitos empresariales más intensivos en capital humano, con unos costes laborales del servicio que alcanzan entre el 85 y el 90% de los gastos de explotación de la actividad. Hemos venido reivindicando, por ello, la inclusión de cláusulas sociales desde hace años y en los diferentes niveles de la Administración Pública.

Prueba de esta defensa es que una de las señas de la identidad de Aproser es la exigencia a todos sus asociados de unos requisitos que pasan en su fase inicial por el cumplimiento estricto de la normativa específica que se aplica al sector, incluida la fiscal y de Seguridad Social. Adicionalmente, todos los miembros de Aproser deben aplicar el convenio colectivo del sector pactado entre la patronal y los agentes sociales; un convenio largamente negociado para conseguir una mejor vertebración y un mayor fortalecimiento del sector.

En este último punto, a diferencia de la normativa anterior, la actual legislación establece que los órganos de contratación deberán rechazar las ofertas si comprueban que son anormalmente bajas porque no cumplen las obligaciones aplicables en materia social o laboral, nacional o internacional, incluyendo la no consideración de lo establecido en el convenio colectivo sectorial.

Coincidiendo con el día de entrada en vigor de la Ley, el Observatorio Sectorial de la Seguridad Privada, creado en julio de 2013 entre las patronales y las centrales sindicales firmantes del convenio colectivo nacional, ha elaborado una Guía de Buenas Prácticas para colaborar en la puesta en marcha de la nueva Ley en cuanto a su aplicación al sector de la seguridad privada.

Con esta breve guía dirigida especialmente a las autoridades de contratación, se busca dar apoyo para la correcta aplicación de la nueva Ley en los concursos para la prestación de servicios de seguridad privada, señalando específicamente aquellas cuestiones a las que consideramos que se debe prestar especial atención. En todas las fases de contratación existen aspectos que van a ser críticos, tanto en la elaboración de los pliegos, como en el proceso de adjudicación, y finalmente, en la fase de ejecución.

La relevancia del sector de la seguridad privada en el ámbito público es clave y los procesos de adjudicación no podían ya seguir realizándose en base a una mera subasta de precios. La calidad del servicio, la profesionalidad y el cumplimiento de los acuerdos laborales recogidos en el convenio colectivo son criterios primordiales para un servicio tan crítico como proporcionar seguridad al ciudadano complementando la labor de la seguridad pública tal como se establezca en cada momento.

La nueva Ley de Contratos del Sector Público supone un aldabonazo, un nuevo punto de partida donde la Administración debe considerar que la contratación de los servicios de seguridad no puede acometerse sin valorar convenientemente su calidad.

Tras esta norma nacional, diferentes comunidades autónomas están aprobando sus propias leyes o instrucciones para incluir cláusulas en la contratación pública, como Navarra, donde se menciona específicamente el ámbito de la seguridad. El último ha sido el caso de Asturias, que además de aprobar iniciativas valorando la mejor relación entre calidad y precio en las adjudicaciones y aspectos como la innovación, ha incluido una guía para favorecer la igualdad y el acceso al mercado laboral de colectivos en riesgo a través de la contratación pública.

Una vez superada la reciente crisis, aun con los efectos devastadores que ha venido dejando, con esta nueva Ley de Contratos del Sector Público se traza el camino para conseguir una Administración más responsable y comprometida con la mejora e implementación de nuevas políticas sociales. Las publicaciones que se realicen en los próximos meses serán, por tanto, decisivas para confirmar la transformación real y eficiente del sistema de contratación pública.

Ángel Córdoba es presidente de la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad, Aproser

Fuente: Cinco Días

By |2018-05-24T05:17:03+00:0024 mayo, 2018|Categories: Cinco Días|Tags: , , , , , , |Comentarios desactivados en Seguridad: la contratación pública debe ser exigente