La Abogacía madrileña suspende la gestión del Ministerio de Justicia durante esta última legislatura. «Los letrados no han obtenido nada durante este periodo», ha declarado José María Alonso, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), durante el acto informativo organizado desde el organismo y que ha tenido lugar esta mañana.

A pesar de alabar la labor desarrollada el Ministerio en temas de memoria histórica y formación, Alonso ha recordado que «no se han revisado de los baremos de las retribuciones del turno de oficio y nos han obligado a devolver las cantidades del caso Gürtel«. Asimismo, ha señalado la «absoluta falta de avances» en lo que respecta a la nueva Ley de Derecho de Defensa y el Estatuto General de la Abogacía, y lo ha atribuido a la falta de un gobierno que permita el diálogo efectivo entre ambas partes. En este sentido, ha expresado su interés en que se formalice un nuevo ejecutivo «que permita resolver estos asuntos que tanto preocupan a los letrados».

Además, Alonso ha hecho referencia a la decisión del Ayuntamiento de Madrid de llevar a concurso Servicio de Orientación Jurídica (SOJ), que fue tomada en un principio por Más Madrid y que la agrupación de José Luis Martínez-Almeida ha mantenido. «Esperábamos que el nuevo equipo rectificara, pero no ha sido así», ha lamentado. No obstante, el decano ha insistido en que seguirán peleando para mantener la orientación jurídica gratuita en el colegio: «el SOJ debe llevarlo el ICAM, no creo que ningún despacho sea capaz de prestar ese servicio», ha subrayado. 

Por otro lado, el decano ha recordado algunos de las medidas pendientes del Colegio, entre las que se cuenta la utilización de nuevos locales de juzgados, donde «se está contemplando la posibilidad de incluir salas de lactancia» para las mujeres juristas que lo necesiten.

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Caso Gürtel

Una de las causas de malestar entre el Colegio madrileño y el Ministerio de Justicia se remonta a 2016, fecha en la que ambas partes suscribieron un acuerdo para fijar las retribuciones a los letrados de oficio asignados en el caso Gürtel. Sin embargo, al ver que la causa se prolongaba más de lo esperado, entre 2017 y 2018 ambos organismos iniciaron conversaciones en las que se acordó añadir 590.000 euros a la remuneración, pero no llegó a añadirse al convenio de 2016.

El nuevo Gobierno, formado en junio de 2018, exigió la devolución de esos pagos, y ante la negativa del Colegio de Madrid y del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), retuvo las retribuciones de todos los abogados del turno de oficio dependientes del Ministerio. Tras varias quejas y huelgas, la Abogacía abonó la cantidad. Ahora, el ICAM está pidiendo ese dinero a través de una demanda contencioso-administrativa. «El pago fue completamente injustificado», ha expresado Alonso.

Fuente: Cinco Dias.